Una jueza federal otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que ordena frenar a nivel nacional la distribución de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.
Lo anterior, con la finalidad de que las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno establezcan una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, del periodo pasado.
Hace semanas, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, advirtió que si la Secretaría de Educación Pública (SEP) no podía cumplir con la suspensión definitiva concedida a la UNPF, entonces podría imprimir y distribuir los libros de texto aprobados en el ciclo escolar pasado.
Estos libros se deberán entregar de manera virtual o física, o por cualquier otro medio que garantice la entrega oportuna a los niños y adolescentes.
Pese a la resolución, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún puede impugnar la resolución a través de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, el cual se llevaría al menos tres meses en estudiar el caso, mismo que deberá determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia.
Yadira Elizabeth publicó hoy un extracto de la sentencia donde señala que en la implementación de dicho programa deberán participar las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno.
Las autoridades que están obligadas a acatar el fallo son: el subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos, así como la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
“En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del poder ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa.
“Para lograr lo anterior, en cumplimiento al principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el numeral primero constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia”, detalla parte de la sentencia.
Cabe mencionar que, hace unos días, Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió una suspensión al gobierno de Chihuahua que ordena frenar la distribución de los libros, luego que la entidad promovió una controversia constitucional
Fuente: Milenio
